Derechos humanos y civiles? Donde?

Este post es nuevamente un ensayo sobre el proposito de los derechos humanos y civiles en Colombia... Sobre la necesidad de cambio intitucional en un pais donde el poder politico se concentra demasiado en una sola figura politica (el presidente)... Sobre la ihabilidad historica del Estado de ejercer soberania sobre su territorio... Lo pongo online solo con el proposito de si alguien tiene el tiempo y las ganas de leerlo, que le pegue una mirada.

Con esto concluye (por ahora en lo que el año 2006 concierne) mi pequenio aporte al entendimiento de lo que sucede en Colombia. Proximamente estare compartiendo experiencias de primera mano acerca de Colombia y su cultura, musica, comida, y demas cosas que se me ocurran, pues a partir del 3 de enero proximo estare en mi Bogota querida!

Hasta mas tarde,

Andres



¿Qué propósito tienen los derechos humanos y civiles en Colombia?

La Constitución Política de Colombia de 1991 es un documento que incorpora, en teoría, los derechos y deberes tanto del ciudadano colombiano, como del Estado. Un documento muy elaborado y extenso que tiene como propósito el proteger los derechos del ciudadano en el marco teórico de un estado civil de derecho. Uno de los fundamentos de este documento se ve ejemplificado de esta manera, en los artículos 11, 12 y 13, (sólo por citar tres de ellos) los cuales hacen referencia directa al tema de los derechos fundamentales del ciudadano:

Art. 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.
Art. 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Art. 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
(Constitución Política de Colombia, 1991)

Ahora bien, esto sin duda es un ejemplo de una base teórica bien establecida bajo la cual un estado civil de derecho puede establecerse. Pero, ¿que pasaría si esta retórica teórica falla en el momento de ser puesta en práctica? En otras palabras, ¿qué pasa cuando el Estado es incapaz de garantizar la implementación de este documento a lo largo y ancho del territorio nacional?

Teniendo estos aspectos en cuenta bien podría concluirse que realmente no vale la pena tener una constitución escrita donde se establezcan los deberes y derechos del contrato social necesario para el establecimiento de una sociedad civil funcional. Se puede decir pues que es bajo estas circunstancias de incompetencia del Estado al momento de cumplir con su parte del contrato social que éste ultimo se ve violado y pierde su validez legal. En este momento se retorna entonces al estado de la Ley Natural de Thomas Hobbes, donde se prohíbe llevar a cabo cualquier acción que resulte dañina para la vida del individuo, es decir de uno mismo. Se establece pues un escenario donde el individuo tendrá que buscar sus propios métodos de supervivencia, donde prevalece el interés individual, pues ya no existe un Estado competente que esa capaz de ejercer ese derecho natural del hombre en su lugar, como sucede en una sociedad civil.

Es por eso que el problema que existe entre la declaración constitucional de Colombia y su implementación práctica y efectiva es precisamente esa desconexión que existe entre la teoría (el documento escrito) y la práctica (la habilidad del Estado Colombiano al momento de implementar lo que está escrito).

¿Derechos humanos y civiles? ¿Dónde?

La desconexión existente en la Constitución Política Colombiana entre la teoría y la práctica tiene que ver directamente con la debilidad del Estado Colombiano. En Colombia el Estado ha sido incapaz de ejercer un control soberano sobre la totalidad del territorio nacional a través de la historia, lo cual a generado una cultura ciudadana donde el mas fuerte es quien sobrevive. El analista político francés Daniel Pècaut, citado por Marco Palacios en “Between Legitimacy and Violence”, afirma correctamente que “este país prefiere y está acostumbrado a la idea que todo es negociable, y que la ley es un instrumento para la negociación” . Esta afirmación confirma pues la idea que en Colombia las leyes y las normas están escritas para ser violadas. Es por esa misma incompetencia del Estado al momento de ejercer su poder sobre la nación que esta cultura donde la aplicación de la ley es negociable se desarrolla.

Esta premisa cultural de la supervivencia del mas fuerte y la idea que “legítimamente” se puede estar por encima de la ley es lo ha dado pie tanto al desarrollo de economías ilícitas (narcotráfico), como a violaciones de los derechos humanos y civiles por parte de los diferentes grupos armados ilegales (FARC, ELN y grupos paramilitares), al igual que por parte del mismo Estado cuando este actúa en complicidad con grupos paramilitares .

De esta manera uno se debe preguntar si realmente lo que está escrito en la Constitución Política Colombiana tiene validez y aplicación en el mundo real debido a esta desconexión entre la retórica que expresa el documento y la realidad que presenta la dificultad en su aplicación. Debido a que el Estado Colombiano nunca ha tenido control efectivo sobre la totalidad del territorio nacional, resulta también imposible que este mismo Estado implemente y haga valer el documento escrito de la constitución. De esta manera también resulta complejo para un Estado sin control efectivo sobre su territorio el garantizar una serie derechos civiles constitucionales que se traduzcan en una noción efectiva de “ciudadanía” y un sentido de pertenencia a “Colombia” por parte de su población civil cuando.

Es por eso que hablando en términos reales, los contenidos de la Constitución Política Colombiana no tienen ninguna validez en este preciso momento para gran parte de la población, porque en Colombia los derechos humanos y civiles solo existen retóricamente en una hoja de papel que en práctica no aplican sino para algunos sectores donde si hay presencia efectiva del Estado. El resto del país, donde el Estado no llega, esta cobertura y protección de sus derechos simplemente no existe.

Fortalecimiento del Estado Colombiano

El Estudio realizado sobre el Plan Colombia y sus efectos sobre la sociedad Colombiana para esta misma clase sirve como base para desarrollar la siguiente idea: El Estado Colombiano necesita ser fortalecido, para de esta manera garantizar una transición definitiva del estado de la Ley Natural de Hobbes hacia un estado donde realmente se respete el derecho civil puesta en marcha en el marco teórico por la Constitución Política Colombiana de 1991.

En dicho estudio se demostró que aunque “Plan Colombia” (y mas recientemente las políticas de “Seguridad Democrática” del presidente Álvaro Uribe) son realmente un esfuerzo por finalmente extender la influencia y presencia del Estado Colombiano sobre todo el territorio nacional, existe una error en la manera como se está intentando llegar a esta meta. El proceso de fortalecimiento del Estado se ha dado bajo una retórica de “fuerza” y fortalecimiento del aparato militar Colombiano, es decir llegar a todos los rincones del país por medio de la intervención militar.

Si bien la presencia militar a lo largo y ancho de una nación para mantener la ley y el orden es necesaria, en Colombia esto debe ser tenido en cuenta con mucho cuidado, pues la concentración de poderes en una sola figura (el presidente de la república) es muy grande. El escritor colombiano Fernando Vallejo dijo alguna vez en rueda de prensa al periodista Alejandro Gaviria una frase célebre que sirve para enfatizar el punto de que en Colombia la figura de presidente es completamente omnipresente y omnipotente:

“Es que si usted se muere en Colombia y el presidente no va a su entierro, haga de cuenta que no se murió. Mejor espérese y tome turno. En Colombia, el presidente lo es todo. Colombia nada es sin él. Él es el presente, él es el pasado, él es el porvenir. Él es el que parte el pan y él es el que sirve el vino”
(Vallejo, 2006)

Por otro lado, Marco Palacios en su libro “Between Legitimacy and Violence” también da cuenta de la extensiva concentración de poder en la figura presidencial Colombiana, donde el presidente es “cabeza de Estado, cabeza de Gobierno y suprema autoridad administrativa” , todo al mismo tiempo.

Teniendo esto en cuenta, sería irresponsable decir que el fortalecimiento del Estado Colombiano actual resolverá los problemas prácticos de la implementación de la Constitución Política Colombiana. Al tener una figura presidencial que disfruta de tanta concentración de poder se está poniendo en juego la misma posibilidad de que el Estado sea quien finalmente termine protagonizando abusos atroces a los derechos humanos de los colombianos, esta vez como el protagonista directo de éstos (Terrorismo de Estado). Si bien hasta ahora el Estado y la fuerza pública han tenido romances esporádicos con los paramilitares en lugares como Barrancabermeja donde el Estado ha sido cómplice de la acciones paramilitares en la región , el fortalecimiento del Estado no se puede seguir efectuando como se ha venido presentando hasta el momento. Un poder ejecutivo tan poderoso como el actual, que aún con una infraestructura estatal débil ha sido capaz de afianzarse en el poder y realizar reformas constitucionales que permiten su reelección inmediata, es claramente una falla en el sistema que debe ser corregida antes de continuar fortaleciendo el Estado Colombiano.

Para lograr esto y continuar con un fortalecimiento de un Estado realmente responsable que sea capaz de garantizar el respeto a las convenciones del contrato social, es necesario crear garantías para que ningún sector público tenga la vía libre para cometer violaciones a los estatutos establecidos en la Constitución Política Colombiana. Para lograr esto es imperativo lograr una separación de poderes clara e impermeable. Una separación de las ramas de poder; tanto la rama ejecutiva, la legislativa y mas importante aún la judicial. Adicionalmente a esto, la concentración de poderes que actualmente caracteriza a la rama ejecutiva deberá ser distribuida de tal forma que exista algún tipo de balance de poderes, en donde efectivamente exista una figura que actúe como una contrabalanza a los poderes actuales del presidente.

Igualmente importante se vuelve en este punto el terma de la educación del pueblo Colombiano. ¿Qué mejor herramienta de control sobre el Estado que el mismo pueblo? La educación de la población Colombiana, enfocada hacia una sensibilización en el tema de la política y el fomento del conocimiento de sus derechos constitucionales son un paso muy importante. Si el pueblo no conoce sus derechos, ¿cómo pretende entonces hacerlos valer?

La educación en esta aspecto se perfila entonces como una herramienta fundamental e irremplazable que garantiza una veeduría real sobre el Estado y las acciones de éste. De esta manera se crea una cultura en la cual el Estado le sirve al pueblo como protector de sus derechos (cumpliendo con su parte del contrato social), mientras el pueblo responde a este servicio prestado por el Estado ofreciendo su mano de obra. Se crea una sana cultura de derechos y responsabilidades tanto para el pueblo como para el Estado.
Conclusiones:

En resumen, las violaciones a los derechos humanos en Colombia pueden ser atribuidas en gran parte a la inexistencia de un Estado fuerte y omnipresente a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto ha dado pie para que grupos ilegales armados tanto de extrema izquierda (por ejemplo FARC, ELN) como de extrema derecha (por ejemplo AUC) proliferen en aquellas áreas donde el Estado Colombiano ha sido incapaz de hacer presencia histórica y de esta manera se desenvuelva un conflicto armado de mas de 40 años que ha visto las mas cruentas violaciones a los derechos humanos, al igual que de los derechos civiles del ciudadano.

De esta manera la pregunta sobre el propósito de los derechos humanos y civiles en Colombia solo tiene sentido responderla si se empieza por aceptar el hecho de que éstas ideas sobre derechos y deberes en un Estado de Derecho (como lo propone la Constitución Política Colombiana de 1991) no han podido ser puestas en práctica efectivamente en Colombia en ningún momento. Como tal, el propósito de dichos derechos en Colombia ha sido hasta el momento nada mas que una lejana utopía que esta lejos de ser alcanzada. Sin un Estado competente que sea capaz de garantizar la implementación de la constitución en todo el territorio, no se puede hablar sobre la existencia real y tangible de derechos para los Colombianos que quieren aceptar el contrato social. Estos derechos entonces se convierten en nada mas que una hoja de papel que nadie respeta, y donde reinará la Ley Natural de supervivencia.

Si bien es cierto que iniciativas como el Plan Colombia y las políticas de “Seguridad Democrática” del actual presidente Uribe han contribuido a fortalecer el Estado por medio de la modernización e incremento del número de las Fuerzas Armadas, esto claramente no es suficiente. Se hace mas imperativo aún garantizar que los derechos constitucionales de la población no vayan a ser violados ahora por un Estado fortalecido, extremadamente dependiente en el poder de la rama ejecutiva. Es por esto que se deben de igual manera concentrar esfuerzos hacia la separación de poderes de este nuevo Estado fortalecido, con una promoción simultanea de proyectos de educación estatal de calidad enfocada al grueso de la población Colombiana que finalmente la capacite para ejercer una verdadera democracia con responsabilidad.








Bibliografía:

Gaviria, Alejandro. “Personajes del año 2006”. El Espectador. 9 december 2006.

Hobbes, Thomas. The Leviatán, excerpts. The Human rights Reader: Major Political Writings, Seáis, Speeches, and Documents From the Bible to the Present. Ed. Micheline R. Ishay. New York: Routledge, 1997. 84 – 89.

Livingstone, Grace. Inside Colombia : drugs, democracy, and war. London : Latin America Bureau, 2003

Palacios, Marco. Between Legitimacy and Violence. A History of Colombia 1875 – 2002. Durham : Duke University Press, 2006.

Presidencia de la República de Colombia (1991). Constitución Política de Colombia. December 10, 2006, from